Importancia REDD+ para Guatemala

Según el mapa de dinámica de cobertura 2001-2010, Guatemala cuenta con una superficie de 10.9 millones ha, con una cobertura forestal de 3.7 millones ha que corresponden al 34.2% a pesar de esto el país tiene una deforestación anual de 103,624 ha, que es atenuado por los esfuerzos de políticas públicas que logran recuperar una parte de esa perdida, pero que todavía presenta una pérdida anual neta de alrededor de 45,520 ha.

Según el estudio de INAB, IARNA-URL, FAO/GFP 2012 utilizando la metodología 2012 se estableció que Guatemala tiene un déficit de alrededor de 6 millones de metros cúbicos anuales de leña que se constituye una de las principales fuentes de degradación del país.

Estas situaciones son una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero para Guatemala. Por lo que el país está desarrollando la Estrategia Nacional REDD+ la cual se enfoca en establecer y fortalecer de manera participativa, un marco de políticas, acciones y actividades que permitan la reducción de emisiones en el sector forestal, promoviendo la conservación y uso sostenible de los de bosques.

Durante las últimas dos décadas Guatemala inició un proceso de reformas profundas en el marco de su gobernanza forestal. La Ley 4-89 dio vida al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- (bajo administración del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-) el cual incorpora a la fecha más de 330 áreas, equivalente al 32% del territorio nacional (3.2 millones de Ha). La Ley Forestal 101-96, que crea el Instituto Nacional de Bosques –INAB-. Ambas son los dos pilares sobre los cuales el país ha desarrollado la gobernanza de los bosques. Estas han sido reforzadas con las leyes del Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- y Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores –PINPEP-, a través de las cuales se ha incentivado más de 300,000 Ha de bosque natural, plantaciones y sistemas agroforestales –SAF- y apoyado a más de 900,000 beneficiarios directos, con un aporte financiero del Estado de más de USD230 millones en los últimos 15 años. Estas políticas se enfocan en promover la participación y beneficio de las comunidades, convirtiéndolas en herramientas no solo de protección y manejo del bosque sino también para desarrollo económico y social de grupos sociales más vulnerables del país, incluyendo población indígena y grupos de mujeres.